El problema no es que empeoren las previsiones.
Por Diego Barceló Larran, director de Barceló & Asociados.

El problema no es que empeoren las previsiones. </br>Por Diego Barceló Larran, director de Barceló & Asociados.

La recuperación del nivel del PIB prepandemia, que se esperaba para algún momento de la segunda mitad de 2022, vuelve a postergarse, ahora hasta mediados de 2023. La guerra en Ucrania está significando un nuevo salto en el precio de las materias primas y un empeoramiento del clima de inversión: se pasó de un moderado optimismo por los proyectos a financiarse con fondos europeos, a una alta incertidumbre acerca de cuestiones centrales (disponibilidad de insumos, imprevisibilidad de márgenes comerciales por el aumento de costes, etc.).

 

Sin embargo, el recorte de las previsiones de crecimiento no debe ser la principal preocupación. Obviamente, es mejor que el PIB crezca 6% a que lo haga un 4%. Pero este último sigue siendo un ritmo de expansión suficiente para mantener un funcionamiento razonablemente normal de la economía. Las preocupaciones esenciales son otras dos.

 

La primera es que los bancos centrales están empezando a cambiar las políticas súper expansivas de los últimos años. Políticas que son, precisamente, la causa última de la renacida inflación (es así: la inflación se debe a la propia actuación de los bancos centrales). En el caso del BCE, sus compras de bonos terminarán en verano, cuando también podría decidirse la primera subida de tipos de interés desde abril de 2011.

 

El Euribor a 12 meses, referencia para las hipotecas a tipo variable, llevaba en terreno negativo desde 2016. En enero comenzó a subir; en algunos días abril superó, apenas por centésimas, el 0%. Suficiente como para que los medios alertaran del encarecimiento de las hipotecas y del golpe a los bolsillos que significa que el Euribor pasara de -0,5% a cerca del 0% en pocas semanas. No obstante, no puede perderse de vista que desde enero de 1999 (cuando nació el euro) hasta ahora, el Euribor promedio es 1,8%. Pese al repunte de las últimas semanas, sigue en niveles bajísimos y debería seguir subiendo.

 

La política monetaria inflacionista de los últimos años alentó el endeudamiento. La deuda de las familias volvió a crecer, levemente, desde mediados de 2021, cosa que no había ocurrido desde 2008. Aunque su nivel no es alarmante (60% del PIB), seguramente incluye deudas que no debieron contraerse, pero que lo hicieron por los anormalmente bajos tipos de interés. Resulta inquietante que la proporción de préstamos a los hogares en situación dudosa ya sea 3,9%, inferior al pico alcanzado en 2014 (7,1%), pero mucho más que entre 2002 y 2007, cuando no alcanzaba al 1%.

 

La deuda de las familias ronda los 700.000 millones de euros; casi tres cuartas partes son hipotecas. Considerando que una parte es a tipo fijo, puede estimarse que cada punto porcentual de incremento del Euribor supondría unos 5.000 millones de euros más de gasto para las familias (0,7% del consumo privado).

 

La segunda preocupación es el impacto de los crecientes tipos de interés sobre las cuentas públicas. Por primera vez en tres años, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años (el tipo de interés implícito en su cotización) lleva tres meses por encima del 1%. Su rendimiento medio en las tres primeras semanas de abril fue 1,72%, el más alto en cinco años. Como la deuda pública ya supera los 1,4 billones de euros (118% del PIB), cada punto porcentual de subida de tipos conlleva un gasto adicional de 14.000 millones de euros anuales.

 

Este incipiente endurecimiento del contexto financiero encuentra a nuestro país con unas cuentas públicas frágiles. Entre 2019 y 2021, el sector público español acumuló un déficit fiscal de 20 puntos porcentuales del PIB, el más alto de la UE junto con el de Rumanía (aunque la deuda pública rumana es 49% del PIB). Pese a que el déficit de 2021 fue menor del esperado, llegó a 6,9% del PIB, cuando el desequilibrio medio de la UE fue 4,7% y Portugal tuvo un déficit de 2,8%. El Banco de España anticipa un desequilibrio fiscal de entre 65.000 y 70.000 millones de euros anuales hasta 2024 inclusive, cuando la deuda pública superaría los 1,6 billones de euros.

 

El “Excel lo aguanta todo”, pero la realidad es más compleja. No parece razonable pensar que los agentes económicos actuarán como si nada pasara mientras la deuda pública crece a ese ritmo (pese a la mayor presión tributaria) y la política económica, lejos de remover obstáculos para un crecimiento sostenido, añade otros nuevos.

Diego Barceló

Economista y Director de Barceló y Asociados

@diebarcelo

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